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El difunto exmandatario no acreditó el destino de 1 mil 159 millones 47 mil pesos; falta documentación que deberá entregar el gobierno saliente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Por Héctor Llorame
La Auditoría Superior del Estado (ASE) exhibió anomalías en el último año de gobierno del difunto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, así que solicitó aclarar el destino de más de mil millones de pesos e instruyó investigar y sancionar a funcionarios de esa administración por irregularidades en obras y contratos.
En el informe de fiscalización de la cuenta pública de 2022, recién publicado en el portal de internet de la ASE, se reveló que el difunto exmandatario no acreditó plenamente el destino de 1 mil 159 millones 47 mil pesos, ya que falta documentación que deberá entregar el gobierno saliente de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Además, se emitieron cinco promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para ordenar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que inicie procedimientos contra probables responsables de las inconsistencias detectadas.
Si bien no se señala un daño patrimonial, sí se exhibieron faltas administrativas como pagos indebidos o injustificados a algunos trabajadores, así como incumplimientos de procedimiento en licitaciones, contratos y supervisión de obras.
La cuenta pública 2022 fue la última del gobierno barbosista, ya que el 14 de diciembre de ese año Céspedes Peregrina arribó al cargo de gobernador sustituto tras la muerte del exmandatario.
Luego de la fiscalización, la ASE demandó aclarar el destino de 999 millones 473 mil 985 pesos, de los cuales no se remitió documentación, como solicitud de suficiencia presupuestal, oficio mediante el cual se remitieron contratos a la Secretaría de Administración y/o al Órgano Interno de Control, declaración anual de proveedores, acta entrega-recepción y pólizas de registro contables.
De otros 100 millones 711 mil 908 pesos no se remitió a la auditoría documentación consistente en: declaración anual de proveedores; acta entrega-recepción y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
También se pidió aclarar la utilización de 37 millones 978 mil 367 pesos, de los cuales no se entregaron las declaraciones anuales de proveedores; pólizas contables y actas constitutivas de proveedores.
Otra solicitud de aclaración fue por 20 millones 425 mil 992 pesos y una más por 457 mil 288 pesos, ya que estos últimos se pagaron indebidamente por concepto de nómina de 22 trabajadores, cuya percepción mensual bruta rebasó el tabulador de sueldos establecido en 2022.
Por todo lo anterior, la ASE instruyó a la SFP a investigar e imponer sanciones, dado que también hubo irregularidades en obras, como en el contrato de la “Rehabilitación del inmueble histórico en la Iglesia de la Virgen del Rosario, ubicada en la localidad de Tételes de Ávila Castillo, del municipio de Tételes de Ávila Castillo”, ya que se ejecutó sin una debida evaluación de impacto ambiental y no hubo evidencia de haber atendido la formación de grietas en muros del atrio, del azolve de atarjea; así como de los trabajos de rehabilitación en el interior de una torre del templo.
Con información de Noticias Reportero