‘El INE y el principio de legalidad vs AMLO’

*Dr. Julián Germán Molina Carrillo

Durante setenta y dos años en México, se estuvo luchando por sacudirse el hegemónico y abusivo ejercicio de poder que impuso el Partido Revolucionario Institucional, donde la voluntad del Presidente (impuesto), era lo único que importaba y tenía validez para las otras dos instituciones encargadas de dicho ejercicio, (Legislativo y Judicial).

Sin embargo, a partir del polémico proceso electoral federal de julio de 1988, donde la creciente competitividad política, alcanzada dio por culminada la era en que el PRI no tenía mayores complicaciones para ganar las elecciones. A partir de estos comicios se aceleró el tránsito a la democracia: desaparecieron las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados, el PRI ya no pudo modificar por sí solo la Constitución; el Senado por primera vez contó con representación de los partidos de oposición.

Dicho acontecimiento, es considerado, hasta nuestros días, como el hecho social parte aguas en la transformación de la vida política electoral de nuestro país, dando inicio con ello a la fase más intensa del cambio político por la vía electoral y la gestación de una etapa de "reformas profundas" (1990, 1993, 1994 y 1996), que tuvo como finalidad garantizar comicios transparentes, confiables y equitativos. Es por ello que nace a la vida política electoral de nuestro país, el primer instituto, encargado de garantizar elecciones limpias y transparentes, el Instituto Federal Electoral (1990) apuntalando la transición democrática.

Esa facultad estatal que cumple el INE como autoridad administrativa, adquiere legalidad del mismo marco jurídico que la sustenta, Constitución Política (artículo 41), Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículo 29); así como su legitimación se fundamenta tanto en su integración ciudadana, como en su autonomía e independencia de los integrantes de los poderes de la unión y de los Partidos Políticos.

Por lo anterior, es que el INE, se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la construcción democrática de nuestro país, ya que es el organismo autónomo garante para que las elecciones sean libres, imparciales, y equitativas. Además, es el encargado de definir cuestiones cruciales como los topes de gasto de campañas, los tiempos de propaganda de los partidos políticos en la radio y la televisión, y los requisitos para la creación de nuevos partidos. Convirtiéndose en el principal árbitro en materia electoral, además de vigilar que las elecciones se lleven a cabo sin la injerencia indebida del gobierno.

Pues bien, tan importante labor, se ha convertido hoy en el principal obstáculo del sueño presidencial, de ejercer un poder absoluto y plenipotenciario, ya que, para el presidente aplicar lo mandato por la Constitución y leyes de la materia, que no se adecuen a su voluntad o se apliquen en contra de sus amigos y parientes, es sinónimo de corrupción por parte del INE y hay que desaparecerlo.

Así sucede con los casos del reparto de los plurinominales, la Constitución dice con todas sus letras que entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños donde no puede haber una diferencia mayor del 8 por ciento, y el otro caso es la decisión polémica de la cancelación de las candidaturas por no presentar informes de precampañas, el problema fue que la mayoría eran de MORENA.

Aquí, el pecado del INE, es ajustarse y aplicar lo mandatado por la Constitución, para que MORENA y el Presidente lo tachen de corrupto y de estar realizando prácticas neoliberales

Es decir, para la presidencia y MORENA, la ley solo se debe aplicar en casos en los que no se afecte el sueño de seguir ostentando la mayoría en las cámaras del Congreso y mayoría en las gubernaturas, para poder hacer y deshacer en el ejercicio del poder como sucedía en los años 70´s.

Lo criticable y contradictorio del discurso presidencial es que en el ejercicio del poder, está haciendo exactamente lo que tanto critico a sus adversarios políticos de la llamada “época neoliberal” convirtiéndose en el principal vocero de su partido y presionando a instituciones como el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y hasta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazándolos con el uso de la mayoría en diputados que ostenta MORENA y sus partidos aliados, de promover reformas preferentes para eliminar los obstáculos que se presenten a su intención de mantener el control de la próxima legislatura federal.

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