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@línea_th
En el pleno de San Lázaro, diputados de los seis grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.
El aval de la oposición sin embargo se dio en medio de reclamos de representantes del PAN, PRI y MC al gobierno y a la mayoría legislativa por ignorar la crisis de violencia que ahora afrontan las comunidades en Chiapas, Guerrero y Michoacán.
En el debate, diputados de Morena, PT y PVEM exaltaron esta modificación como uno de los legados del sexenio y manifestaron su molestia por el señalamiento del desplazamiento indígena por causa del crimen organizado, alegando que ése era un problema de todo el país y no privativo de los pueblos originarios.
En sus posicionamientos, la mayoría legislativa aprovechó la ocasión para manifestar su rechazo a las declaraciones recientes del expresidente Ernesto Zedillo sobre el Poder Judicial, recordando que en su gestión ocurrió la masacre de Acteal.
La diputada Irma Juan Carlos (Morena) dijo que gracias al presidente López Obrador y a su lema de Primero los pobres fueron escuchados los reclamos de décadas.
Consideró la parlamentaria por Oaxaca que la reforma aprobada representa un giro jurídico sin precedentes en la historia del país, pues los gobiernos anteriores, alegó, negaron el reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos
Diputados del PAN fueron enfáticos y reiterativos en cuestionar la omisión del Estado mexicano frente al desplazamiento de las poblaciones indígenas que actualmente protagonizan un éxodo hacia Guatemala, huyendo del crimen organizado.
MC cuestionó que los pueblos afectados por la edificación del Tren Maya no fueron consultados en su momento.
Los representantes del PRI insistieron en la importancia de que estos compromisos se acreditaron con suficiencia presupuestal en la próxima aprobación del presupuesto de egresos para 2025, recordando que en la actual administración disminuyeron las asignaciones en estos renglones.
Y el PAN alertó del riesgo que entraña que este dictamen deja la carga presupuestal para el desarrollo de los pueblos indígenas a los municipios, aun cuando éstos fueron severamente castigados en la actual administración al recibir cada vez menos recursos.
SUJETOS DE DERECHO PÚBLICO
En el inicio de la sesión, conducida por los vicepresidentes de la Mesa Directiva Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y Kenia López Rabadán (PAN) –ante la ausencia de la presidenta Ifigenia Martínez–, el primero dio lectura a una sinopsis del contenido de la reforma cuyo dictamen dejó listo la anterior legislatura y que forma parte del denominado plan C del Ejecutivo.
Detalló el legislador morenista que el decreto reforma el artículo 2o. de la Constitución Política, estableciendo que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, “que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional”.
Reseñó Gutiérrez Luna que el decreto garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, a sus representantes y sus formas internas de gobierno, “de acuerdo con esta Constitución y las leyes aplicables, y con excepción de no limitar los derechos político-electorales”.
Comentó que es una reforma que igualmente promueve el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud, e integridad de lugares sagrados, así como el reconocimiento del trabajo comunitario.
También establece el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su entorno”, dijo.
Con información de Excélsior