Montaña Baja de Guerrero: tras una semana de asedio criminal, estado y federación toman control de Chilapa

• 13 de Mayo de 2026

Staff

@línea_th

 

Tras una semana de ataques con armas de fuego y explosivos lanzados desde drones por parte del grupo delictivo “Los Ardillos”, la Secretaría de Gobernación informó que fuerzas federales y estatales tomaron el control de los pueblos bajo asedio criminal en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la región de la Montaña Baja de Guerrero. 

La dependencia reportó 120 personas desplazadas y seis lesionadas, y dio a conocer que los servicios de luz y telefonía en la zona fueron restablecidos y las carreteras liberadas, tras varios días de bloqueos.

 

Colectivos protestaron en la Ciudad de México contra de los ataques que ha sufrido la CIPOG-EZ en la sierra de Guerrero. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones civiles y autoridades comunitarias advirtieron que esta nueva ofensiva representa el punto más crítico de una crisis de violencia que lleva más de una década en la región, impulsada por el interés del crimen organizado en controlar rutas hacia la Montaña Alta y la Costa, y que ha encontrado resistencia en las guardias locales. 

Las cifras de la policía comunitaria de la zona, Concejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), elevan a más de ocho centenares, el número de personas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán que tuvieron que dejar sus casas y comunidades a causa de los ataques.

En un primer momento, este 12 de marzo, el gobierno federal atribuyó la violencia a una disputa reciente entre dos organizaciones criminales. “La violencia y el asedio se deriva de grupos criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tlacos”. Se reforzó la seguridad de manera inmediata”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch en la conferencia matutina en Palacio Nacional. 

No obstante, liderazgos comunitarios y defensores de derechos humanos que conocen la problemática en la región, rechazaron esa explicación. Aclararon que la violencia es directa en contra de las comunidades nahuas, con la finalidad de desplazarlas.

“La narrativa en el sentido de que se trata de una confrontación entre “Tlacos” y “Ardillos” es totalmente nueva para nosotros. Nosotros reconocemos una confrontación y una violencia de Los Ardillos hacia las comunidades y hacia sus policías comunitarias”, aclaró a Animal Político, Carlos González García, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum justificó que la tardanza en la intervención fue para evitar un enfrentamiento que pudiera afectar aún más a la población civil.

“Lo que estamos promoviendo es que puedan salir las personas heridas, que se quiten los bloqueos y mediante el diálogo, permitir que esto ocurra. No se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional”, declaró.

 

El gobierno de Guerrero informó que logró avanzar en la construcción de acuerdos en comunidades de Chilapa. Foto: @SGG_Gro-2

El origen del conflicto: control territorial contra guardias comunitarias

La más reciente embestida, que estalló el pasado 6 de mayo, no es —ni de lejos—, algo nuevo en la región. En entrevista con Animal Político, el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó que el conflicto se remonta a 2015, cuando comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera conformaron su propia policía comunitaria que se rige por usos y costumbres.

“Se da una disputa por el control territorial y ahí es donde se han dado enfrentamientos. Este grupo “Los Ardillos” no percibe a las comunidades que están en resistencia como parte de un proyecto más autonómico de defensa de sus comunidades, los percibe más como parte de otro grupo de la delincuencia”, explica Barrera. 

“Los ve como antagónicos, como decir: ‘no podemos permitir que en nuestro territorio estén grupos de otra organización criminal’. Los ven como un rival a vencer, no como policía comunitaria”, añade.

Carlos González García, miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI), señala que las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, adheridas al Cipog-EZ —que tiene relación con el EZLN—, representan una traba estratégica para el crimen organizado.

“Son un obstáculo para el libre tránsito del cártel en esa zona y hacia la costa, específicamente hacia Acapulco. El asunto ya lo venían cocinando “Los Ardillos”, y el Cipog esperaba que en cualquier momento pudieran intentar un ataque de mayor magnitud, que fue lo que inició el día 6 de mayo”.

 

La crisis de violencia Chilapa de Álvarez lleva más de una década. Foto: captura de video

Diez años de violencia acumulada

En más de diez años de asedio criminal, Jesús Plácido Galindo, líder del Cipog-EZ, contabiliza un historial de agresiones en las que han muerto decenas de integrantes de su organización. “Llevo más de 76 compañeros desaparecidos entre hombres y mujeres, los músicos, la gente que se ha dedicado a trabajar”, dijo Plácido en entrevista con Animal Político.  

“Los compañeros que fueron desaparecidos, fueron torturados, fueron descuartizados por manos de la policía municipal. Ellos entregaron a los compañeros a Celso Ortega (líder de “Los Ardillos”). Ellos lo saben. No ha habido un gobierno que le preocupe Guerrero”, reclama.

El primer eslabón de esta nueva embestida, fue el asesinato de un comandante y tres ayudantes en Xicotlán. Jesús Plácido relata que ese mismo día —de manera inexplicable—, las fuerzas de seguridad federales abandonaron sus puestos de control.

Los ataques comenzaron después de que el gobierno retiró al Ejército de la zona, detalla el líder de la Cipog-EZ. Según explica, antes había tres puestos militares distribuidos en puntos estratégicos, pero muchos de sus efectivos se retiraron. Esa ausencia de vigilancia permitió que “Los Ardillos”, que tienen su base en el vecino municipio de Quechultenango, atacaran la comunidad de Tula el 6 de mayo al mediodía, utilizando incluso drones para provocar el desplazamiento de la población.

“Desconocemos el motivo, pero sí nos resulta muy raro que se hayan retirado justo el día en que empiezan los ataques. Parecería que hay una sincronía entre los mandos militares y la seguridad en el estado, con los criminales. Se retiraron de una manera drástica”, comenta Carlos González García, integrante del CNI, sobre el repliegue de los efectivos de las tres bases de operaciones interinstitucionales.

Abel Barrera de Tlachinollan coincide. “A pesar de que ahí hay presencia del Ejército porque hay un retén, entendemos que se había replegado o no estaba. Y entonces, estos (Los Ardillos) actuaron con mayor libertad”.

 

Las familias guerrerenses se vieron obligadas a dejar sus viviendas. Foto: CIPOGEZ

Desplazamiento masivo y condiciones de sobrevivencia

Debido a la toma de comunidades y la quema de pastizales por parte de los agresores, centenares de personas tuvieron que abandonar sus casas y salir huyendo.

Los testimonios, difundidos en redes sociales para solicitar ayuda, describían una situación de emergencia y de suma precariedad para familias enteras, que tuvieron que buscar refugio en los cerros y cuevas para protegerse de los drones y las ametralladoras.

“Pasamos la noche huyendo, cargando a nuestros hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques del grupo narco paramilitar ‘Los Ardillos’”, acusaron mujeres indígenas nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán en un comunicado el 9 de mayo, un día antes del Día de las Madres, del que dijeron no tenían nada que celebrar.

“Tuvieron que sobrevivir con tortilla con sal, tortilla con chile, galleta, agua; de lo poquito que tenían. Eso fue la sobrevivencia de aguantar el hambre, la ansiedad, la preocupación y el miedo. Fue el terror que se vivió”, narra Plácido Galindo.

Llegada de autoridades y exigencias de los pueblos

La tarde de este martes, la Secretaría de Gobernación informó que las autoridades federales y estatales tomaron finalmente el control de la zona de Chilapa con el despliegue de 690 elementos del Ejército Mexicano, 400 efectivos de la Guardia Nacional y 200 agentes de la Policía Estatal. 

De acuerdo con el comunicado oficial, tras varios días de bloqueos, los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad en el corredor comunitario. Según se informó, ambulancias y personal médico llegaron también a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo para atender a las familias afectadas.

 

Las viviendas en Guerrero fueron atacadas con drones. Foto: CIPOGEZ

Además, se instaló un Centro de Mando en Chilpancingo encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de altos mandos de la Sedena, Marina y la Guardia Nacional.

La Segob añadió que 120 pobladores desplazados expresaron su deseo de permanecer en las comunidades, por lo que se les proporcionó apoyo con insumos como colchonetas, cobertores y generadores de luz.  Además, seis personas reportadas como lesionadas, recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar. 

Con todo y el despliegue, que llegó una semana después del asedio criminal, la paz en Chilapa se siente lejana, más en la antesala de las campañas rumbo al 2027 cuando Guerrero elegirá a quien sustituirá a Evelyn Salgado de Morena en la gubernatura, así como nuevos alcaldes y al Congreso local.

Para Abel Barrera la exigencia central en Chilapa no es la asistencia social, sino la justicia y la seguridad permanente.

“Mientras no detengan a los cabecillas (de Los Ardillos), esta violencia va a seguir”, reprochó Jesús Plácido. “Lo que exigimos es la desarticulación del crimen organizado en la Montaña Baja, “Los Ardillos”, y que esta violencia pare”, enfatizó el líder del Cipog-EZ.

“El gobierno tiene que recuperar ese daño de cada familia y de cada casa que fue incendiada, destruida, sus animales, su ganado, porque es un delito”, concluyó.

 

Con información de ANIMAL POLÍTICO

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