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El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de Gobernación, Alejandro Encinas, demandó a los gobiernos estatales y municipales mayor compromiso para atender el fenómeno de violencia que enfrentan defensores de derechos humanos y periodistas en el país.
El funcionario informó que, al inicio de la actual administración, se encontraban incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 798 sujetos, a la fecha están registradas mil 506 personas (827 hombres y 679 mujeres), lo que representa un incremento superior al 88 por ciento.
De éstas, 495 son periodistas y mil 011 personal de derechos humanos.
“En tanto no exista voluntad en los gobiernos locales y municipales, fiscalías y jueces para combatir la impunidad, la corrupción y falta de justicia, la violencia que enfrentan estos sectores difícilmente podrá ser erradicada”.
Agregó que de 2018 a septiembre de 2021 han sido asesinadas 96 personas defensoras de derechos humanos, 2 de ellos incorporados al Mecanismo y 47 periodistas; de los cuales 7 estaban incorporados. En el 43 por ciento de los casos, el perfil de los agresores está vinculado a servidores públicos municipales, seguido por la delincuencia organizada con el 33 por ciento.
"Ante la falta de respuesta de las autoridades locales, el mecanismo se ha vuelto un espacio de primer contacto. El 85 por ciento de las medidas otorgadas por el mecanismo recaen en el presupuesto federal. Es importante mencionar que algunos gobiernos locales no solo no quieren asumir su responsabilidad, sino que además son parte del problema”.
En este sentido, advirtió que el Mecanismo no tiene dentro de sus atribuciones implementar directamente acciones de prevención del delito, no investiga delitos ni le corresponde abatir la impunidad. Tampoco cuenta con atribuciones para erradicar la violencia en las ciudades, eso queda en la esfera de las entidades federativas.
El subsecretario Encinas Rodríguez identificó como algunos de los factores que siguen generando agresiones a este sector de trabajadores de la sociedad: el crimen organizado, la impunidad, la corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos, así como la falta de cultura sobre la labor de periodistas y defensores de derechos humanos.
En cuanto a los estados con mayores agresiones para defensores y comunicadores siguen siendo Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Estado de México y Michoacán.
Con información de Excélsior